Como se acercan elecciones… nuevo juicio a un objetor electoral. Tienen pánico a que siga aumentando la insumisión electoral

Como en los últimos años la insumisión a las mesas electorales va en aumento, el nerviosismo ha comenzado a cundir entre las personas responsables de poner en marcha la administración electoral que intenta reclutar obligatoriamente a 500.000 conscriptos electorales en cada nueva convocatoria. Y como no tienen argumentos, acuden a su única “herramientas de diálogo”: la represión o su amenaza.

Así, y aunque la evidencia de la sincronía de los hechos deje bien a las claras su falta de vergüenza, también ahora, como ya ocurrió en la anteriores con el juicio a Nur, de cara a las próximas elecciones de junio, agitan su “vara de mando judicial” con la puesta en marcha de un nuevo juicio. En este caso a Adrián ¡¡objetor electoral de 2011!!

Mientras la inmensa mayoría de las personas que nos declaramos insumisas a la mesa electoral durante 2014 y 2015 no hemos tenido ninguna “novedad judicial” desde que hicimos pública y practicamos nuestra desobediencia, recurren ahora a un caso de 2011 como queriendo mandar el mensaje de: ojito, que todavía podemos encausaros. Resulta cómico que desde los propios poderes estatales que en el juicio de Nur reconocieron como atenuante la “demora judicial” cometida en su caso (desobedeció en mayo de 2014 y no fue juzgada hasta principios del 2016), pongan en marcha ahora un juicio contra Adrián, que hace 5 años ya que se declaró objetor electoral.

Adrián es antimilitarista, y del antimilitarismo y su lucha por la insumisión al servicio militar aprendimos todas mucho… todas menos quienes intentan oponer la amenaza de represión a la convicción de las desobedientes. Habrá que recordarles lo que gritaban y practicaban los insumisos a la mili hace unas décadas: ¡no hay prisión (o represión) que pare la insumisíón!… y no era sólo un grito, se convirtió en un clamor y práctica desobediente que consiguió acabar con la mili. Y de ahí sus temores a que un nuevo movimiento insumiso y desobediente pueda cuestionar hasta deslegitimar total mente otra forma de conscripción u obligación impuesta por el Estado: la de acudir al llamamiento de las mesas electorales y avalar con ello un pretendido sistema democrático que está en las antípodas de ser precisamente eso: el gobierno del pueblo.

Adrián va a tener el juicio del 19 de mayo, y está aprovechando la coyuntura para volver a dejar claras las razones que le llevaron a practicar su desobediencia electoral. Os dejamos aquí sus palabras, escritas para difundirse desde la web del Grupo Antimilitarista Tortuga, al que pertenece, y para que el resto intentemos difundirlas lo más posible.

Como ya hicimos en el caso de Nur, queremos dejar claro ahora que todas somos Adrián y todas hacemos nuestras estas palabras con las que argumenta su opción desobediente. Que el día 19 puedas sentir el calor de todos los abrazos insumisos de quien ese día nos sentiremos siendo tú. ¡Dáles caña Adrián!

 

 

 

La libertad se juega la vida cada día

 

Quizá quien visita esta página con cierta asiduidad me conozca. La administración es lenta y, bueno…, me da la oportunidad de comunicarme con la gente cada cierto tiempo.

El caso es que soy un miembro del Grup Antimilitarista Tortuga cuya participación en una mesa electoral reclamó el estado allá por noviembre de 2011. Ante semejante exigencia lo tuve claro: no iba a obedecer. Y así lo hice saber tanto a la administración como a la sociedad. A ambas por un compromiso ético: a la primera porque tenía un problema con ella y mi intención no era esconderme; a la segunda porque pensé que, en la medida de mis posibilidades, podía remarcar algunas de las deficiencias de este sistema político. En definitiva, somos seres sociales y nuestras acciones, por muy insignificantes que nos parezcan, nos hacen responsables con los demás.

El próximo jueves 19 de mayo me juzgarán por estos hechos. En 2011 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero modificó la ley electoral. Desde entonces no presentarse a una mesa es un delito que puede acarrear pena de cárcel. De momento la fiscalía pide una multa de ocho meses a razón de diez euros diarios; es decir, 2.400 euros. Si no se pagan podrían cambiarse por cuatro meses de prisión. También he de decir que me ofrecieron pactar el año pasado una condena muy inferior a esta petición.

Lo cierto es que mi próxima cita ante la administración me empuja a explicarme de nuevo. Ya en su día expuse los motivos que me llevaron a obrar de este modo. En alguna de mis visitas a los juzgados durante estos años he vuelto a hacerlos públicos. Y, la verdad, uno se alegra cada vez que tiene la oportunidad de volverlos a exponer. Todo el mundo debería poder dirigirse alguna vez a un auditorio y expresarse. Cuando se te presenta esta oportunidad, si crees —aunque sea un poquito— en tu palabra, debes aprovechar. No hay que despreciar los regalos de la vida.

La democracia es incompatible con el sistema parlamentario. En democracia las personas participan en la toma de decisiones de los asuntos que les afectan, lo cual es imposible cuando 350 deciden por 47 millones como, al menos en teoría, sucede.

Tampoco puede convivir la democracia con el capitalismo, pues la desigualdad económica genera desigualdad social y política.

Tanto o más que todo esto me preocupan los mecanismos que emplea el poder para sostenerse, siempre consistentes en un ataque al desarrollo moral de las personas o, en su defecto, a las acciones que de él se derivan.

Comprender el comportamiento moral del ser humano es complicadísimo. En cualquiera de nuestras acciones interviene una cantidad de variables que condena a cualquier interpretación que hagamos a pecar de reduccionista. En cualquier caso, ahora mismo nos resulta útil la teoría de Lawrence Kohlberg.

Según Kohlberg, existen tres niveles de desarrollo moral. Cada uno de ellos se subdivide en dos etapas.

En el primero de ellos (moral preconvencional) los juicios de valor obedecen a castigos externos o a necesidades personales; en el segundo (moral convencional), a la aprobación de los demás y el respeto a una autoridad que mantiene el orden social. El tercer y último nivel (moral postconvencional) marca, en su segunda etapa, la orientación por principios éticos universales resultantes de un proceso personal.

El estado —máquina de poder donde las haya— hará siempre todo lo posible para que no alcancemos esa última etapa. Adoctrinará, manipulará, distraerá, atacará a cualquier espíritu crítico. Y cuando no lo consiga, castigará. Así intentará por la fuerza impedir acciones que le incomoden, querrá obligarnos a actuar como niños, como si viviéramos en la primera de las etapas, aquella en la que obedecemos al castigo. Una condena judicial, incluso un proceso, no es otra cosa que esto.

Me asusta ser débil ante un sistema organizado contra nuestro crecimiento ético, pues sin él la libertad muere. ¿Cómo podemos llamar a un sistema así democrático?

La tradición de la desobediencia civil es rica y sus enfrentamientos con el poder, lo suficientemente graves como para enfurecerlo. No en vano, son varias las personas que en cada cita electoral se niegan a formar parte de una mesa por motivos políticos y éticos. Mi caso es, por tanto, uno más entre tantos. Su relevancia práctica —aunque existente— quizá sea límitada, pero sus implicaciones humanas son trascendentes, como las que conlleva cualquier ataque a la libertad por mínimo que sea.

Todos los días, todas las horas, todos los minutos la libertad se juega la vida. Si no tomamos conciencia de ello quizá un día nos apliquen la ley antiterrorista por mostrar una pancarta burlona en una obra de cachiporra. Pero, bueno, no seamos exagerados…

Adrián Vaíllo

 

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