Archivos Mensuales: agosto 2015

¿Es posible «elegir» la pena a imponer por insumisión electoral?

Uno de los aspectos que ha suscitado dudas es el de la pena que se pude imponer por la desobediencia electoral. La ley, como hemos dicho en otro lugar, establece una dualidad de penas: prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

La imposición de la pena concreta la realiza el juez en la sentencia, en la llamada «fase de determinación penal», donde individualiza la sanción en relación a las circunstancias personales de la persona enjuiciada. En esta fase se supone que la pena a imponer debe ser «proporcional».

¿Podemos elegir el tipo de pena?

Algunas de las consultas que hemos recibido residen en saber si podemos elegir o preferir una pena privativa de libertad sobre una de multa.

Ello por varios tipos de argumentos:

  • La ejecución de las penas privativas de libertad permite que el juez las deje en suspenso (que no se cumplan) cuando se dan ciertos requisitos (art. 80 del C.P., entre los que se encuentra el de ser delincuentes primarios o tener antecedentes cancelados, que se tengan satisfechas las responsabilidades civiles, etc), mientras que en el caso de impago de multa la sustituirán por el cumplimiento de privación de libertad de un día de privación por cada dos cuotas de multa impagada.
  • Hay quien entiende que el efecto político de una pena de multa es menor, y que es preferible la condena de prisión para alertar a la sociedad sobre la perversidad de la pena.
  • La sanción económica es muy gravosa para mucha gente y puede afectar a terceros que dependan de la capacidad económica del «penado».
  • Es un contrasentido pagar al Estado una multa económica que valdrá para fortalecer económicamente el mal que denunciamos.

Como hemos dicho, es el juez el que debe ponderar las circunstancias en juego y aplicar la pena tanto en la modalidad (privación de libertad o multa) como en la extensión de ésta, de modo que nuestra capacidad de influencia sobre la pena no es decisiva. Podremos ser escuchados sobre la preferencia de una u otra y podemos articular nuestro discurso en torno a esto del modo que mejor se ajuste a los mensajes que queremos dar (preferir la prisión para desenmascarar la perversión de la pena, etcétera), pero en último término quien decide la tipología de pena entre las previstas será el juez.

Por otra parte, desde el punto de vista del derecho penal se considera que la pena de multa es menos gravosa que la de privación de libertad, por lo que es probable que la regla general sea la imposición de ésta.

Para la determinación de la pena concreta el juez debe tener en cuenta las circunstancias concretas del hecho y de la persona a quien juzga (situación social, económica, etc.) así como la existencia o no de una serie de «circunstancias» que en la ley sirven para «agravar» o para «atenuar» la pena.

El art. 66. 6.ª del C.P. señala que

Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.

Y el Artículo 72 de la misma ley

Los jueces o tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas contenidas en este capítulo, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta.

La suspensión de la pena

Uno de los recursos que el Código Penal arbitra para atenuar el rigor penal y adecuarlo al principio de «reinserción» de la Constitución es la facultad del juez de dejar en suspenso el cumplimiento de la pena a condición del cumplimiento de algunos requisitos impuestos por la ley. De esta forma, si transcurre el plazo que el juez haya fijado en su resolución y no se incumplen los requisitos impuestos, la pena queda extinguida y no hay que cumplirla.

Esta posibilidad viene prevista en el Artículo 80 del C.P.

1. Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.

Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

Para que el juez pueda admitir esta suspensión deberán cumplirse una serie de condiciones necesarias. Esto quiere decir que si no se cumplen, no podrá optarse por la suspensión. Las condiciones se encuentran en el número 2 del artículo 80 del CP que dice así:

2. Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes:

1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.

2.ª Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.

3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127.

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento.

Además de esto, el juez puede condicionar la suspensión de la pena al cumplimiento de una serie de reglas y deberes (art. 83) vinculados al tipo de delito de que se trate

1. El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de las siguientes prohibiciones y deberes cuando ello resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos, sin que puedan imponerse deberes y obligaciones que resulten excesivos y desproporcionados:

1.ª Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras personas que se determine por el juez o tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros lugares habitualmente frecuentados por ellos, o de comunicar con los mismos por cualquier medio. La imposición de esta prohibición será siempre comunicada a las personas con relación a las cuales sea acordada.

2.ª Prohibición de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de un grupo determinado, cuando existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales sujetos pueden facilitarle la ocasión para cometer nuevos delitos o incitarle a hacerlo.

3.ª Mantener su lugar de residencia en un lugar determinado con prohibición de abandonarlo o ausentarse temporalmente sin autorización del juez o tribunal.

4.ª Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, cuando en ellos pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos.

5.ª Comparecer personalmente con la periodicidad que se determine ante el juez o tribunal, dependencias policiales o servicio de la administración que se determine, para informar de sus actividades y justificarlas.

6.ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación, y otros similares.

7.ª Participar en programas de deshabituación al consumo de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros comportamientos adictivos.

8.ª Prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto haya sido condenado por un delito contra la seguridad vial y la medida resulte necesaria para prevenir la posible comisión de nuevos delitos.

9.ª Cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes para la rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.

Además de estos deberes, el tribunal puede imponer otras medidas para acceder a la suspensión. Lo dice el Art. 84 del CP.

1. El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas:

1.ª El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.

2.ª El pago de una multa, cuya extensión determinarán el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, que no podrá ser superior a la que resultase de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración.

3.ª La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos se determinará por el juez o tribunal en atención a las circunstancias del caso, sin que pueda exceder de la que resulte de computar un día de trabajos por cada día de prisión sobre un límite máximo de dos tercios de su duración.

La resolución acordando la suspensión y sus reglas se hará conforme al art. 82 del CP:

1. El juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la suspensión de la ejecución de la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia a las partes, sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena.

2. El plazo de suspensión se computará desde la fecha de la resolución que la acuerda. Si la suspensión hubiera sido acordada en sentencia, el plazo de la suspensión se computará desde la fecha en que aquélla hubiere devenido firme.

No se computará como plazo de suspensión aquél en el que el penado se hubiera mantenido en situación de rebeldía.

Sustitución de la pena

Antes de la reforma operada por L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E.» 31 marzo). cabía la sustitución de las penas por otras de inferior categoría. Ahora, con la supresión del art. 88  del C.P. ha desaparecido esta posibilidad.

Únicamente cabe sustituir las penas de prisión inferiores a tres meses por otras conforme al art. 71.2 del C.P., lo cual deja fuera de la aplicación al delito del que hablamos:

2. No obstante, cuando por aplicación de las reglas anteriores proceda imponer una pena de prisión inferior a tres meses, ésta será en todo caso sustituida por multa, trabajos en beneficio de la comunidad, o localización permanente, aunque la ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente.